Estado, fascistización y Euskal Herria.

Que todo movimiento que afecta, por mínimamente que sea, al orden social o político establecido reciba la represión del Estado es algo natural, indignante para las personas con una mínima sensibilidad política, pero natural. Esto es lo que sucede con el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) desde su nacimiento. No obstante, en los últimos años este proceso represivo está subiendo enteros y ampliando enormemente su radio de acción social. La ferocidad de la represión y el histerismo mediático resultan tanto más sorprendentes, pues coinciden con un momento en que el monto de las acciones armadas y las demandas políticas de este movimiento están en mínimos históricos. Ello lleva a pensar que la oleada represiva de los últimos años tenga que ver tanto con la potencia de la amenaza en sí como con contradicciones internas de los poderosos.

Todo Estado, desde que esta entidad existe, representa la organización de la violencia por parte de los grupos sociales dominantes para asegurar el ordenamiento social que les confiere esa situación de preeminencia. Además de este plano de dictadura de clase, que es el fundamental, el Estado también representa una democracia para estos grupos dominantes, expresando la correlación de fuerzas entre sus facciones, más o menos heterogéneas, cuyas tensiones y conflictos, si no se han exacerbado demasiado, se resuelven a través de mecanismos instituidos y consensuados entre sí. Es este grado de integración, la amplitud de la democracia en el seno de los grupos sociales dominantes, lo que marca el carácter democrático-burgués o fascista del Estado capitalista, que siempre es fundamentalmente una dictadura sobre los explotados. Por supuesto, ello no quiere decir que éstos deban permanecer indiferentes ante los cambios de forma del Estado burgués, ya que una mayor capacidad de juego y maniobra entre los poderosos se suele traducir en una mayor apertura para la acción del proletariado.

La reforma del Estado franquista supuso, además de la desactivación de unos poderosos movimientos de masas, la integración de nuevos sectores en el juego político para el reparto del pastel de la explotación del trabajo asalariado y los pueblos oprimidos. Así, el consenso de 1978 supuso la reconfiguración del Estado español con la integración en su estructura de nuevos sectores, fundamentalmente la aristocracia obrera (esos estratos asalariados, privilegiados a través de mecanismos corporativos –el sindicalismo instituido- por la posición que sus metrópolis imperialistas ocupan en el mundo) y las burguesías nacionales periféricas, a las que se ofrendó el Estado autonómico, y que junto a la burguesía financiera y monopolista forman los tres puntales sociales del Estado democrático-burgués español. Esta reconfiguración ha permitido tres décadas de relativamente estable parlamentarismo. La excepción ha sido, precisamente, Euskal Herria. Allí no se ha conseguido desactivar un potente movimiento de masas que sí apunta a las raíces de una de las problemáticas que secularmente arrastra el Estado español: la negación de los inalienables derechos democráticos de los pueblos que lo componen. Desde entonces, las estrategias del Estado contra este movimiento han sido variadas: represión, aislamiento político y mediático, guerra sucia…

Sin embargo, a partir de 2000, con la mayoría parlamentaria absoluta del PP, se produce un drástico cambio político, cuyo aspecto más visible será una escalada cualitativa en la ofensiva general contra el MLNV, pero que afecta también a algunos puntos básicos del consenso de 1978, lo que lleva a pensar que estos cambios políticos traducen corrientes sociales más profundas, y no se limitan a una estrategia represiva convencional del Estado. En el plano exterior hay una completa alineación con EE.UU., ahondando la crisis del proyecto imperialista europeo (de un interés estratégico para la burguesía financiera española, muy vinculada a la exportación de capital a América Latina, y que exige una UE fuerte, como plataforma política frente al principal competidor en la zona, precisamente EE.UU.); en el plano interior se produce una ofensiva en toda regla contra las burguesías nacionales periféricas, con una creciente criminalización del nacionalismo en general, desempolvando los más rancios rudimentos ideológicos del españolismo franquista y cuestionando cada vez más la estructuración autonómica que la propia reforma burguesa se había dado. Parece evidente que estos movimientos de gran calado respondían a un asalto al poder en toda regla de sectores del capitalismo español que se habían desarrollado desde 1978 y que no se encontraban cómodos con el modelo estatal establecido. La creciente importancia que el ladrillo había adquirido en la economía española nos puede dar pistas sobre la fisonomía social de estos sectores que encontraron en el aznarismo su catalizador ideológico y político.

En este contexto se producen las condiciones, y esto sí es algo que encontró el consenso de las principales fuerzas políticas de la burguesía española, para el ataque frontal contra el MLNV que, con la Ley de Partidos, realizada ad hoc para enfrentarse a este movimiento, es sacado fuera del juego institucional y legal en el que hasta entonces, de buena o mala gana, se le había permitido participar. Este drástico recorte del campo de juego institucional, por el que se ponen fuera de ley a importantes segmentos sociales, es la mayor evidencia del proceso de fascistización en el que estaba inmerso el Estado español. De su mano, se imponen las tesis más militaristas sobre la llamada cuestión vasca, actuando manu militari no sólo sobre formaciones o individuos vinculados con la Izquierda Abertzale, sino también más en general con sectores más alejados de este ámbito: Egunkaria, 18/98… llegándose incluso a encausar penalmente a miembros del PNV.

No obstante, esta política unilateral del PP que atentaba, saltándose las reglas consensuadas del juego burgués, contra cuestiones de Estado va a encontrar importante oposición en facciones muy poderosas del sistema. El apoyo a la invasión de Irak y la pésima gestión gubernamental de los ataques del 11-M (con los que se intenta legitimar una aún mayor escalada represiva en Euskal Herria) van a ser las ocasiones para que estos sectores fuercen el cambio de gobierno, que será gestionado por el PSOE. Éste se presenta como el adalid de una segunda transición, lanzándose a una política de contrarreforma, que busca reconstruir los intereses estratégicos del Estado español, tanto en el exterior (vuelta al europeísmo frente al atlantismo anterior), como en el interior (acercamiento y nuevos pactos con las burguesías nacionales, poniendo fin a la criminalización de sus intereses).

Sin embargo, el PSOE no ha desandado el camino de fascistización comenzado con el anterior gobierno, y mantiene el grado de represión en Euskal Herria, manteniendo al MLNV fuera de la ley. Los avances en la criminalización de cualquier disidencia no han sido desdeñados por nuestros “progresistas” burgueses que, muy preocupados en limar las contradicciones en el seno del bloque dominante (no en vano, OPA incluida, han trabajado por la integración del capital especulativo inmobiliario en los sectores monopolistas que rigen el Estado), continúan negando los derechos democráticos de los pueblos y mantienen, independientemente de treguas, la restricción a la participación política en su marco institucional para un amplio sector de la sociedad vasca.