Reunidos en Bruselas, miembros de la Comisión Europea han decidido “reflexionar” sobre la posibilidad de que se establezca en Europa la jornada laboral de 65 horas semanales. Todos y cada uno de los ministros de trabajo de los Estados de la Unión (a excepción del ministro del estado español, que se abstuvo) decidieron votar a favor de esta medida, que deberá pasar posteriormente la aprobación del parlamento europeo. Parece complicado que en este trámite se paralice este atentado a los derechos de los trabajadores y más si tenemos en cuenta los últimos “preceptos” de los que quieren hacer doctrina el ala más reaccionaria de la política europea. Por tanto esta idea de la Comisión Europea no debe verse como un hecho aislado, sino como una medida más, destinada a la paulatina pérdida de derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los inmigrantes, de los sindicatos, colectivos sociales y todos aquellos que están haciendo frente al sistema vigente y a su modelo económico y político.
La UE no parece por tanto que vaya a tener ningún tipo de problema en legislar en contra de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que indica que nadie puede trabajar más de 48 horas semanales, ya que podría producir enfermedades o trastornos psicológicos, fatiga, trastornos del sueño. Casi un siglo tienen estas recomendaciones, que deberían ser revisadas en beneficio de los trabajadores y no en su contra.
No sabemos muy bien si por miedo a la contestación social o con intención de acabar con los sindicatos de clase, creemos que más lo segundo ya que no dan puntadas sin hilo, la Comisión ha indicado que sólo será de carácter voluntario, decisión de cada trabajador en acuerdo con su empleador. Como si los trabajadores estuvieran en situación de poder pactar de forma individual con el empresario. Unos trabajadores se separarán del colectivo para pactar sus propias condiciones con el patrón, en detrimento del resto, de aquellos que no puedan extenderse o que deseen preservar inalterable su tiempo de descanso. En consecuencia, se «privilegiará» a los primeros (si es que puede llamarse privilegio), y será más fácil prescindir de los segundos, a los que se les podrán imponer condiciones más duras si no quieren ir a la calle. En definitiva un ataque directo a la mediación sindical, a los convenios colectivos y en último caso incluso a la existencia misma de los sindicatos.
Por si esto fuera poco, los Estados podrán optar entre aplicar la normativa de las 65 horas o no aplicarla. Eso por lo menos en teoría, ya que los Estados que no lo apliquen en un primer momento podrían encontrase con un problema de deslocalización industrial o de fuga de empresas, ya que las empresas estarán más interesadas en exprimir a los trabajadores durante 65 horas semanales y por tanto reducir los gastos sociales y la presión sindical.
Ante este panorama nos queda a los trabajadores recordar la historia de cómo se consiguieron las mejoras laborales en las últimas décadas del siglo XIX y primeros del XX, y fue con la movilización, con el estallido social, con la barricada. Sería lamentable que tuviéramos que salir a la calle 100 años después, para mantener los frutos por los que lucharon nuestros tatarabuelos en vez de salir a la calle a reclamar las 35 horas semanales, basada en el principio de solidaridad entre trabajadores en vez del modelo individualista que se incorpora con la directiva de las 65 horas semanales. La lucha es el camino.
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